Por: Karla López, Head of Credit Research and Sustainability, BNP Paribas Asset Management
Profesional en finanzas con maestría en análisis de inversiones y con certificación internacional en Sustentabilidad y Riesgo Climático. Cuenta con más de 15 años de experiencia en áreas de inversiones y riesgos tanto en Afores como en instituciones financieras de México y el extranjero. Actualmente dirige el área de Análisis de crédito y de Sustentabilidad de BNP Paribas en México. Como ‘ESG Champion’ para el grupo, promueve la inversión responsable y la integración de factores ASG en el proceso de inversión de los fondos que administra el Asset Manager en México.
Cuando hablamos de inversiones responsables, Hispanoamérica definitivamente no es la primera región que se nos viene a la mente. Se trata de un territorio con muchos retos sociales, ambientales, y sobre todo de gobernanza los cuales se hicieron aún más evidentes durante la pandemia de COVID en 2020.
Pero antes que nada, ¿qué es la inversión responsable? PRI la define como ‘una estrategia y práctica para incorporar factores Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo (ASG) en las decisiones de inversión y el ejercicio activo de la propiedad’.
Partiendo de ahí, la inclusión de factores ASG en el análisis de las inversiones ha tomado el liderazgo en la definición de las tendencias globales enfocadas a tener prácticas más responsables dentro de las empresas. Sin embargo, la regulación global (o al menos la europea), se ha enfocado mucho más en el factor Ambiental buscando tener indicadores o métricas que atiendan de forma urgente el riesgo climático al que nos enfrentamos como sociedad. La ‘Inversión responsable’ en Europa se concentra en disminuir la huella de carbono, en alcanzar la neutralidad cero, en medir gases efecto invernadero de alcance 1, 2 y 3, en impulsar economías circulares, en proteger la biodiversidad y los límites planetarios, pero deja algo rezagados a los factores Sociales y de Gobernanza.
Y es entendible. En la mayor parte de Europa occidental – región donde ha florecido la mayor parte de la regulación ASG – no es necesario desarrollar algo que ya se tiene. Los factores sociales, que buscan atender la desigualdad, los derechos humanos, el capital humano de las empresas, el acceso a la información, la protección de datos personales, la corrupción, las condiciones de salud y trabajo, entre otros, están mejor cubiertos allá que en países emergentes donde la prioridad es aún sobrevivir diariamente con salarios bajos y falta de estado de derecho.
Lo mismo sucede con los factores de Gobierno Corporativo que buscan establecer estructuras corporativas sólidas, equidad de género y diversidad dentro de las empresas, la alineación de incentivos, de intereses y códigos de ética. El hecho de que las mujeres ocupen solamente el 11% de los asientos dentro de los consejos de administración en Latinoamérica (el porcentaje más bajo a nivel global) es una clara señal de que aún hay mucho camino por recorrer.
Es por eso que para Hispanoamérica, el foco debería estar en la S y en la G antes que en la A del ‘ASG’. Sin gobernanza sólida, difícilmente se pueden atender las desigualdades sociales y mucho menos la disminución de emisiones de gas efecto invernadero o alcanzar el Acuerdo de París.
Sin embargo, y a pesar de todo esto, la inversión responsable en esta región empieza a tener cada vez más impulso. Esto se puede ver a través del incremento en la regulación para incluir factores ASG de forma obligatoria en el análisis de las inversiones. Un ejemplo de esto es que en 2022 se hizo obligatorio para los fondos de pensiones en México (AFORES), reportar los factores ASG que se evaluaron en la toma de sus decisiones de inversión. La adopción por parte de algunas empresas de marcos de referencia o iniciativas como SASB, TCFD o SBT, son indicadores de que el desarrollo de prácticas más responsables va en la dirección correcta.
Un ejemplo más de que la región está avanzando hacia prácticas más sustentables y responsables, es la Taxonomía verde desarrollada por Colombia en abril de 2022, convirtiéndose en el primer país de Latinoamérica en desarrollar una guía de este tipo. Siguiendo este liderazgo, México ha lanzado también, en marzo de este año su Taxonomía Sostenible, la segunda de la región y la cual incluye un componente de importante de género.
Por último, el hecho de que el monto de emisión de bonos temáticos (verdes, sociales, sustentables) en Latinoamérica haya ido aumentado desde $9 mil millones de USD en 2019, a $26 mil millones de USD en 2021, habla de la creciente demanda por parte de los inversionistas y por ende, de la gran oportunidad que tienen las empresas para obtener financiamiento institucional que contribuya a desarrollar proyectos ‘responsables’.
Es así, que una gran parte de proyectos verdes, de infraestructura social y de género se están financiando por medio de bonos temáticos. Tanto las empresas como los inversionistas de la región empiezan a desarrollar conocimientos y prácticas internacionales cada vez más complejas y avanzadas. Los gobiernos empiezan también a emitir bonos soberanos alineados a las metas globales de desarrollo sustentable. Las bolsas de valores y la banca se están adaptando para estructurar y financiar nuevas inversiones cada vez más responsables.
Con estos nuevos proyectos financiados, sin duda se atienden problemáticas sociales importantes para la región como son el acceso a infraestructura básica, inclusión financiera o ahorro de energía en edificios con certificación LEED. Falta aún mejorar los gobiernos corporativos de las empresas, desarrollar protecciones adecuadas para nuevas mega tendencias que vienen con el uso de tecnologías o inteligencia artificial, y apresurar el paso para alcanzar la neutralidad cero que permita a los países cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo de París.
Pero aun cuando Hispanoamérica no es todavía un referente en inversiones responsables, si avanza rápidamente en la dirección correcta. Con este crecimiento acelerado, no se debe minimizar el importante papel que juegan los reguladores y el mercado financiero en general en la vigilancia de la transparencia de la información para lograr un desarrollo ordenado que nos permita ser en algún momento, una región que se destaque por sus prácticas sustentables.