Por: Carolina Ruedlinger Espoz, Analista en Clasificadora Riesgo y Economista de la Universidad Diego Portales Santiago de Chile
Carolina Ruedlinger Espoz es Economista de la Universidad Diego Portales, Chile. Participó en la implementación de la Política de Inversión Responsable de importante Administradora de Fondos de Pensiones, desempeñándose como Analista de Riesgo Financiero con dedicación al análisis de riesgo climático y riesgos asociados a factores ESG. Actualmente, ejerce como Analista de Corporaciones en destacada Clasificadora de Riesgo, la única en Chile en adherirse a los Principios de Inversión Responsable.
Indiscutiblemente, las economías se desarrollan con la actividad productiva del libre mercado. Sin embargo, nuestro modelo de crecimiento ha estado marcado por externalidades y escándalos que han generado la necesidad de instaurar y consolidar nuevos criterios en nuestras decisiones que respondan a la justa demanda de la ciudadanía por un desarrollo más sostenible.
El análisis previo que permite tomar decisiones de inversión basadas en criterios ESG se complica cuando los analistas se enfrentan a una parte no menor del mercado que se resiste a recabar y entregar información relacionada con estos asuntos por la simple razón de que no se les da la relevancia suficiente.
Han sido la normativa y la regulación las encargadas de posicionar la inversión responsable en la palestra, más que la «mano invisible». En el caso de Chile, gracias al Acuerdo Verde firmado por actores clave del mercado financiero, algunos inversionistas institucionales están obligados por normativa a integrar variables ESG en sus decisiones de inversión.
Esto se ha traducido en la obligación de identificar, medir y controlar el riesgo climático y los riesgos asociados a los factores ESG. No obstante, hasta hace poco, la información dispuesta por el mercado era paupérrima. Fue la Comisión para el Mercado Financiero la que, con la Norma de Carácter General 461, obligó a las empresas a reportar indicadores de sostenibilidad en sus Memorias Anuales. Una obligación del Estado, más no una iniciativa del mercado.
Esta norma permite que quien quiera incorporar variables ESG a sus criterios de inversión goce de información pública y mínimamente estandarizada, un alivio para los analistas. En gran parte, es la normativa la que nos permite identificar riesgos asociados a los factores ESG e implementar con coherencia políticas de inversión responsable
Si bien hay que reconocer que un pequeño puñado de empresas e inversionistas han tenido la determinación de implementar propuestas de valor basadas en sostenibilidad, de innovar en sus mercados y de ser agentes de cambio, la mayoría se queda con lo mínimo exigido por la ley.
Muchas veces, cuando se les pregunta a las compañías de qué forma integran los factores ESG en su negocio, mencionan con mucho orgullo alguna cuestión que por norma es obligación. Otras veces, se da la situación de que inversionistas que se dicen responsables se jactan de no invertir en armas, drogas, pornografía, terrorismo o cualquier otra cosa que lleva varios años ya siendo ilegal.
Al final del día, cabe cuestionarse: ¿qué tan rápido vamos y qué tan rápido estamos dispuestos a avanzar como mercado autónomo? Cabe cuestionarse si es suficiente que tan solo un grupo reducido de empresas tenga la intención de contribuir con el cambio que se nos exige. Cabe cuestionarse qué tan cerca estamos de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué tan alineados estamos con el objetivo de 1,5°C y así sucesivamente.
¿Qué tan dispuestos estamos a retirar una inversión de una empresa que está a años luz de ser sostenible pero que promete grandes retornos? Muchos insisten en debatir qué tan rentable es la inversión responsable. En el corto plazo, claro que la desinversión no se ve atractiva, pero a largo plazo, solvencia y sostenibilidad convergen.
No quiero entrar a discutir qué tan rentable es la inversión responsable porque, honestamente, es un debate que me incomoda. Es un debate que me sabe a que no invertimos en trata de personas porque no es un mercado rentable. Me es incómodo tener que explicar con econometría la razón por la cual no debemos invertir en empresas que mantienen la esclavitud moderna, y así.
Sin embargo, de todas formas, le doy mis agradecimientos a quienes se esmeran en dar material empírico para que los inversionistas entiendan, en el mismo idioma de siempre, que las finanzas sostenibles son una magnífica decisión.
Cuando ESG no está en la normativa, la inversión responsable es una decisión, no una obligación. Es un compromiso, es la tranquilidad de que no estamos financiando, por ejemplo, la destrucción del medio ambiente a través de las empresas en las que invertimos. Es la convicción de que mi compañía tiene el potencial de sumar y transformar.
Las empresas no solo son edificios y máquinas. Las empresas son personas que toman decisiones, decisiones que pueden afectar desde departamentos de la compañía hasta comunidades completas, un país, una economía.
Detrás de cada escándalo empresarial que hemos conocido, hubo una persona que tomó decisiones. Cada vez que una empresa fue acusada de corrupción, violación a los derechos humanos, contaminación, sobreexplotación, entre un largo etcétera, fue responsabilidad de alguien, fue decisión de alguien.
Y cada vez que esa empresa recibe financiamiento, hay un grupo de inversionistas que pudo haber determinado no permanecer en silencio; hay un grupo de personas que analizó y decidió financiar.
¡Pero es que el mercado! Nosotros somos el mercado. Cada analista, cada gestor de portafolios, cada gerente. Somos responsables, somos cómplices y somos la solución que el mundo espera.
Podemos ser un mercado autorregulado, protagónico, ir a la velocidad suficiente, como también podemos esperar la indignación de la ciudadanía y la intervención del Estado. Nosotros somos el mercado, nosotros somos quienes deciden.