Por: Pablo del Arco Fernández, Director América en Valora Consultores
Máster en Gestión Ambiental en la Empresa por la Universidad Politécnica de Madrid, Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca. Consultor de gobierno corporativo, gestión estratégica, sostenibilidad y finanzas sostenibles, con 14 años de experiencia en la materia, en Europa y Latinoamérica. Ha participado en asesorías estratégicas de sostenibilidad a empresas de diferentes sectores, incluyendo el desarrollo de los marcos internos de trabajo, formación y acompañamiento a los equipos gerenciales y directorios, y la atención de los requerimientos del mercado financiero. Se desempeña además como docente en gobierno corporativo y ética, así como en gestión de la sostenibilidad y reporting. Lidera regionalmente un equipo de más de 25 profesionales en sostenibilidad, siendo Valora una consultora global de referencia con más de 20 años de trayectoria.
Comencemos estableciendo un entendimiento compartido de la inversión responsable, término presente en este creciente ecosistema vinculado con las finanzas sostenibles. Consideramos como inversión sostenible y responsable a aquella que incorpore criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el proceso de análisis y selección de valores, e igualmente en el ejercicio activo de la propiedad. Ello es importante tanto desde la perspectiva del impacto que se puede generar con la inversión como de la exposición del capital a riesgos asociados con esos factores; muy relacionado con el concepto de doble materialidad que se posiciona como base para la articulación de estrategias de sostenibilidad, con enfoque multi stakeholders y perspectiva de mercado.
De manera general, nos encontramos ante diferentes estrategias para implementar la inversión responsable: 1) exclusión por tipo de actividad, característico por ejemplo de los fondos con vinculación religiosa; 2) recurrencia a listados de clasificación externos, donde es crítico el rol de las calificadoras y de los mercados de valores con índices específicos; 3) desarrollo de procesos internos de clasificación, propios de cada inversionista institucional o gestor de activos. Podríamos agregar una cuarta (4) de crecimiento exponencial, que es la adquisición de vehículos de deuda como los bonos temáticos, donde el peso no está tanto en el desempeño transversal de la compañía (como en el 2) sino en los proyectos concretos a financiar.
Diferentes son los promotores de la inversión sostenible o responsable, entre los que destaca globalmente la iniciativa de los Principios para la Inversión Responsable (PRI), desarrollada por inversores a nivel internacional con el apoyo del brazo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) y el Pacto Global de la ONU. Promueve la consideración de los criterios ASG en la inversión y el ejercicio de la propiedad, pero también el empuje a las empresas a reportar su desempeño de manera que el mercado pueda disponer de información para la toma de decisiones. Un ejemplo de ello lo encontramos en México, con la solicitud conjunta en septiembre de 2020 por más de 80 inversionistas a las empresas listadas de mayor información ASG, incluyendo la solicitud del uso del marco de Recomendaciones de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) y los Estándares de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).
La fuerza de PRI se muestra en su crecimiento exponencial desde 2006, alcanzando 4,902 firmantes en marzo de 2022, con un total de activos administrados de US$121.3 billones. Los avances en América Latina han permitido que el año pasado ya se alcanzarán los 100 firmantes, con dos desafíos que destacan especialmente desde la propia organización: el ejercicio del reporting por las empresas, ya comentado, y el empuje a la agenda de cambio climático en los inversores. A este punto cabe sumar el menor apoyo de los gobiernos a los sectores de la economía real para la transición energética que en otras regiones del mundo, y la dificultad de que esta sea justa desde el punto de vista social en la región más desigual del planeta.
En América Latina está siendo clave el rol de la banca multilateral y de desarrollo como inversionistas. La contribución financiera de agentes como la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de su brazo IADB Invest está supeditada al cumplimiento por los posibles receptores de marcos propios de requerimientos ASG. En concreto, las 8 Normas de Desempeño (IFC) y la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social (IADB Invest). Una muestra de su relevancia, en relación con el desafío de las acciones climáticas, se encuentra en los US$1.557 millones que IADB Invest destinó en 2021 a financiar proyectos de reducción de emisiones y/o adaptación al cambio climático en la región.
Esta posición de la banca de desarrollo y multilateral ha impulsado a la banca de primer piso en los diferentes países, en muchos casos porque han recibido fondeo directo. La adopción de los Principios de Ecuador les ha servido a estas instituciones para poder articular al interior las estructuras para el financiamiento con criterios ASG. Sin embargo, en cuanto a las inversiones, tienen en general una asignatura pendiente.
En la región son muy relevantes como inversionistas los fondos de pensiones, tanto los globales como aquellos que operan de manera local con recursos de depositantes nacionales, en aquellos países abiertos a los sistemas privados. El intenso avance a nivel global en cuanto a la adopción de criterios, con casos históricos y de liderazgo como el del Sistema de Retiro de los Empleados Públicos de California (CalPERS), comienza a tener su espejo local, aunque de manera muy lenta. El apoyo regulatorio vuelve a ser de nuevo escaso. En México, recién en 2019, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) estableció que las administradoras de fondos para el retiro (afores) considerasen criterios ASG a partir de 2022. Sin embargo, el efecto demuestra la necesidad de esos incentivos normativos: las inversiones pasaron de US$64 millones en 2021 a más de US$6.000 millones un año después.
Cuando los inversionistas se encuentran en la tesitura de elegir empresas por su desempeño, pueden establecer criterios propios y/o hacer uso del criterio de calificadoras de riesgo especializadas. La mancuerna entre ambos actores, inversionistas y calificadoras, está siendo crítica para movilizar la gestión de los factores ASG en las empresas, especialmente a partir de un involucramiento más activo del CFO.
Junto con las calificaciones per se, se encuentran los rankings y/o índices selectivos en que se agrupan, y que muestran en general mejores rendimientos que sus pares. Larry Fink, CEO de BlackRock, destacaba en 2021 como el año anterior el 81% de índices sostenibles, de una selección mundialmente representativa, tuvo mejor desempeño que los índices de referencia, por factores que resumía como una “prima de sostenibilidad” en el mercado. Con BOVESPA, hoy B3 siendo pionera en el lanzamiento de su índice en 2005, hoy ya contamos con selectivos en los mercados de Argentina, Chile, Colombia, Perú y México. Existe, sin embargo, una enorme oportunidad de que sean un impulsor clave en mercados más pequeños y menos dinámicos, impulsados por el apetito global por la inversión sostenible y responsable.
Vemos, por tanto, un ecosistema vivo en desarrollo que requiere de un rol más activo de los gobiernos y mayor convencimiento de las empresas, que sumar al ya creciente interés del mundo financiero, ya sea de los inversionistas, las calificadoras y los mercados bursátiles.