Por: Andrea González González, Subdirectora General de Spainsif, Foro Español de Inversión Sostenible y Responsable – España
Economista especializada en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en organizaciones internacionales como ONU-OCHA, la OMS o el Parlamento Europeo. Colaboradora en centros de educación superior como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Carlos III de Madrid, tanto en calidad de docente como en gestión. Actualmente es Subdirectora General de Spainsif, Foro Español de Inversión Sostenible; y forma parte del Board de Directores de Eurosif.
La inversión con criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en América Latina creció un 65 % entre 2019 y 2020, en gran parte debido al impulso en países como Chile, México, Colombia y Perú. Entre los clientes minoristas que pueden encontrar este tipo de productos destacan los mercados en Hispanoamérica de México, Chile y Colombia.
Este crecimiento se refleja en el aumento de signatarios de iniciativas como Principios para la Inversión Responsable -PRI- en América latina, que superó las 50 entidades en 2020. PRI cuenta, a su vez, con una red de colaboradores como el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes y el Programa de Inversión Responsable -PIR- y organizaciones como el Task Force para la promoción de la inversión en Colombia que, junto con las bolsas de valores y organizaciones como Global Reporting Initiative -GRI- y la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -UNEP FI-, lideran procesos ligados al desarrollo de la inversión sostenible en América Latina.
Uno de los principales apoyos de esta filosofía de inversión es la proactividad del regulador en estados como México, Chile y Colombia (la CONSAR y el Banco de México, la CMF y la Superintendencia de Pensiones en Chile y la Superintendencia Financiera en Colombia, entre las instituciones destacadas). Más concretamente, de acuerdo con el estudio de la Global Sustainable Investment Alliance -GSIA- de 2020, el principal impulsor normativo y de políticas ASG en América Latina están siendo los fondos de pensiones; entre los que destacan las normas aplicables a México, relativas a la integración de los criterios ASG en los procesos de inversión y las de Colombia y Chile, respecto a la consideración de los riesgos climáticos.
De acuerdo con el estudio de la Global Sustainable Investment Alliance -GSIA- de 2020, el principal impulsor normativo y de políticas ASG en América Latina están siendo los fondos de pensiones
A pesar de que la información extrafinanciera de las empresas en la región es todavía escasa, existen ejemplos de colaboración de la industria en cuestiones de divulgación de información de sostenibilidad corporativa. Este es el caso de México, donde 80 inversores institucionales, compañías de seguros y fondos de inversión emitieron una declaración pública exigiendo que las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores divulgaran información ASG de manera estandarizada en 2020.
El regulador, por su parte, apoya esta cuestión impulsando el desarrollo de taxonomías o clasificaciones para las finanzas sostenibles. De acuerdo con Future of Sustainable Data Alliance -FoSDA-, destacan el caso de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes de Chile y el Ministerio de Finanzas colombiano en el desarrollo de sendas Taxonomías inspiradas en la de la Unión Europea. Es también relevante el inicio de conversaciones en México y República Dominicana sobre esta cuestión.
Respecto a las clases de activos con mayor popularidad, destaca el mercado de bonos verdes en América Latina, que alcanzó su récord en 2020 de acuerdo con el informe de Climate Bonds Initiative «Latin America & Caribbean: Sustainable Finance State of the Market 2021». Las emisiones de bonos verdes crecieron de 13,6 mil millones de dólares americanos a 30,2 mil millones en los últimos dos años. Este desarrollo fue apoyado en buena parte por la emisión soberana de la República de Chile (3,8 mil millones USD) y por países como Ecuador y Panamá, que emitieron sus primeros bonos verdes en ese periodo de tiempo.
En el espectro de los bonos soberanos, donde los inversores buscan integrar la información ASG de los estados a la hora de evaluar su trayectoria y riesgo crediticio como emisores, se presenta como un ejercicio especialmente complejo en el caso de la deuda de países emergentes. La importancia de la calidad democrática de las instituciones y la estabilidad de los gobiernos y los estados de derecho de estas regiones es determinante, junto con la integración de los factores ambientales, para analizar el riesgo crediticio, y los factores sociales, para analizar los riesgos a largo plazo.
En definitiva, el mercado de la inversión sostenible y responsable -ISR- en Hispanoamérica se encuentra en una etapa temprana si se compara con otras regiones como Europa o Asia-Pacífico, si bien existen evidencias de avances estratégicos en la popularización de esta filosofía de inversión y en la democratización en el acceso a los productos financieros que consideran los criterios ASG.