Por: Fanny Tora, Directora de Sustentabilidad y ASG en Mazars-Chile
Fanny es Directora de Sustentabilidad y ASG – Mazars Chile y docente en la Universidad Adolfo Ibáñez en programas de gobierno corporativo y en la Universidad Finis Terrae en el Diplomado de Finanzas Sostenibles. También ha dado charlas en la Universidad de Chile, la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Diego Portales y en numerosos eventos de finanzas sostenibles y ASG en la región. Además, es Consejera de Comercio Exterior para el estado francés (CCEF), nominada en 2019 por el Primer Ministro de Francia.
El desarrollo de las inversiones responsables en Latinoamérica es una práctica que hoy en día es cada vez más común y que enfrenta desafíos tanto para los inversionistas como para las empresas, y el ecosistema en general.
En los últimos años ha aumentado de forma significativa el número de inversionistas latinoamericanos comprometidos con incorporar aspectos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en sus estrategias, análisis y decisiones de inversión. En diez años, esta cifra se multiplicó por más de diez, llegando hoy a los 237, entre gestores y dueños de activos. En línea con lo que observamos a nivel global, podemos considerar que hemos dejado atrás la etapa de “mercado nicho” para encaminarnos a instalar las inversiones responsables de a poco como “mercado mainstream”.
Varios reguladores locales tomaron nuevas iniciativas para apoyar este desarrollo. Un ejemplo es Colombia, donde el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera de ese país fueron pioneros en implementar la Taxonomía Verde, permitiendo a los inversionistas identificar proyectos con impacto ambiental positivo y orientar sus flujos de financiamiento hacia ellos.
Mientras que en Chile, la Comisión para el Mercado Financiero emitió la norma de carácter general 461 que solicita a las empresas entregar información ASG precisa y acorde a las necesidades de los inversionistas para que ellos puedan incorporarla en sus análisis.
Estos avances regulatorios han sido posibles porque ya un número no menor de actores del mercado han evolucionado en esta dirección. Por otro lado, la actividad legislativa en la región en torno al desarrollo y estructuración de inversiones y finanzas sostenibles se ha intensificado, por lo que se espera que en el corto plazo veamos más países implementando taxonomías verdes.
Si bien la estructura normativa es un factor esencial para el desarrollo de este mercado, la ambición de los actores debe ir más allá del cumplimiento normativo. Tanto los inversionistas como las empresas deben buscar la creación de valor asociada a la incorporación de factores ASG, más allá de lo que les exige la regulación, la cual pronto ya no será un diferenciador relevante.
Por esto, la incorporación de aspectos ASG relevantes en las estrategias corporativas y de inversión debe además generar creación de valor para empresas e inversionistas. Esta es la apuesta de los instrumentos de financiamiento (bono y préstamo) vinculados a metas de sostenibilidad, cada vez más usados en el mundo y en la región. Un préstamo cuya tasa de interés baja según se logra una meta de sostenibilidad es un claro ejemplo de la relación entre el logro ASG y la creación de valor.
Junto con el desarrollo fuerte del mercado de inversión responsable, aparecen los riesgos asociados a ello, en particular el greenwashing. No se han identificado casos emblemáticos todavía en la región (sí en Estados Unidos y en Europa), pero tenemos que estar atentos a ello, y sobre todo a cómo podemos prevenir estos riesgos mientras estructuramos nuestro mercado y nuestras prácticas.
Las estrategias de inversión responsable deben ser claras, y su objetivo explicitado y comunicado, no puede haber un espacio para la interpretación de publicidad engañosa. Por ejemplo, si mi estrategia es mitigar riesgos ambientales y sociales en mi portafolio, no dejar a entender que mis inversiones apuntan a generar impacto ambiental o social positivo.
Es necesario también estructurar procesos robustos de recolección y análisis de información ASG base, tomando en cuenta eventuales actores externos involucrados en estos procesos, como las agencias de calificación ASG. La transparencia, formación, conocimientos y controles de calidad son claves para asegurar la calidad de los procesos.
A su vez, hay que tener una atención particular a la consistencia de la estrategia y su alcance. Realizar una inversión responsable solamente en un área y no en la totalidad puede generar cuestionamientos legítimos. Para no generar cuestionamientos, es necesario explicar que se trata de una implementación paulatina en el tiempo y que el objetivo final es abarcar todas las áreas. Lo mismo ocurre en el caso de las empresas. Por ejemplo, el emitir bonos sociales para financiar proyectos con impactos sociales positivos debería ir en conexión con una estrategia ASG de la empresa donde se abordan los aspectos sociales del resto de las actividades.
Finalmente, un desafío no menor para todos los actores es la multiplicidad de estándares y directrices internacionales sobre la incorporación de aspectos ASG y sus reportes, ya sea para empresas, finanzas o inversiones. Actualmente, los principales actores internacionales están trabajando para alinear sus estándares y esperamos que este trabajo resulte en una simplificación y clarificación de los marcos de referencia para todos. No obstante, al igual que para las regulaciones locales, recordemos que estos lineamientos y estándares entregan herramientas y establecen el “desde”, y no un fin en sí, el cual debe ser la creación de valor sostenible para todos.