Por: Oscar de Buen Richkarday, Presidente Ejecutivo de Ainda Energía & Infraestructura – México
Ingeniero Civil de la UNAM y Maestro en Ciencias con especialidad en Transporte del MIT. Trabajó durante 30 años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se desempeñó como Subsecretario de Infraestructura (2006-2011). Así mismo, presidió la Asociación Mundial de la Carretera (2013-2016). Actualmente es Presidente Ejecutivo de Ainda Energía & Infraestructura, e integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM.
La infraestructura es fundamental para el funcionamiento de toda sociedad moderna, pues se requiere energía, agua, vivienda, transporte, centros educativos, centros de salud y tratamiento de desechos, entre otros, para realizar toda clase de actividades. Por ello, y porque la disponibilidad y la calidad de la infraestructura tienen una incidencia directa en la calidad de vida de la población en Hispanoamérica, existe la constante necesidad no solo de construir nuevos activos de infraestructura, sino también de ampliar, mejorar y conservar los existentes.
Dadas las características de los activos de infraestructura, las inversiones necesarias para construirlos, operarlos y mantenerlos son por lo general cuantiosas. En el pasado, en América Latina estas inversiones fueron aportadas casi en su totalidad por el sector público. Sin embargo, hoy en día los recursos presupuestales son insuficientes en la mayoría de los países, por lo que se requiere inversión privada para contar con recursos adicionales y emprender programas de infraestructura capaces de atender las necesidades de la población.
Debido a lo anterior, en la actualidad se han abierto múltiples espacios para la participación privada en proyectos de infraestructura de todo tipo. A través de las asociaciones público-privadas, en la mayor parte de los países hispanoamericanos se han materializado esquemas para facilitar la participación de los recursos privados en el desarrollo de proyectos de infraestructura.
Por la larga vida útil de los activos, lo previsible de sus flujos de ingresos y gastos en el largo plazo y la capacidad de ajustar los ingresos por inflación, entre otros factores, los proyectos de infraestructura son potencialmente atractivos para la banca tradicional, los fondos de pensiones, las aseguradoras y los fondos de deuda y de capital privado, entre otros actores, quienes con frecuencia hallan atractivas oportunidades de inversión en infraestructura.
En paralelo con la tendencia anterior, hoy existe cada vez mayor conciencia de que se requiere actuar con urgencia para luchar contra el cambio climático, eliminar la pobreza extrema, combatir la desigualdad, promover la equidad de género y respetar los derechos de grupos minoritarios, así como asegurar que las inversiones se hagan con transparencia y una permanente rendición de cuentas. Ejemplo de esto son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por los estados miembros de la ONU en 2015.
Estas exigencias son permanentes, se advierten en todos los sectores y llevan a identificar, manejar y mitigar cuidadosamente los riesgos asociados con todos esos rubros. Esos riesgos son especialmente notorios en los activos de infraestructura, dada su larga vida útil, su potencial impacto sobre grupos sociales y sobre el medio ambiente, así como por las grandes inversiones que requieren.
En el campo de las inversiones en infraestructura, lo anterior explica el creciente interés por la inversión responsable y por atender en forma consistente los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo -ESG- (por sus siglas en inglés) que están presentes en el desarrollo de los proyectos, pues los riesgos asociados con estos temas, si no son bien atendidos, tienen el potencial de afectar el desarrollo de los proyectos y la rentabilidad de las inversiones asociadas a ellos.
Por tal motivo, los inversionistas activos en infraestructura pueden encontrar un útil y oportuno apoyo en los esfuerzos que promueven organizaciones como UNPRI, GRESB y GovernArt, entre otras, pues no sólo ayudan a promover la inversión responsable en toda clase de proyectos, sino que además generan instrumentos, metodologías y procedimientos útiles para un buen manejo de estos temas, tanto a nivel de fondos como de proyectos.
Por ejemplo, en un fondo de capital privado especializado en proyectos de energía e infraestructura como Ainda, que desde 2016 se incorporó como signatario a UNPRI, hemos emprendido múltiples acciones para incorporar prácticas avanzadas de inversión responsable en los proyectos y entidades en los que invertimos, incluyendo su divulgación transparente, así como para incorporar cuestiones ESG a nuestras prácticas y políticas de propiedad.
De igual manera, hemos implementado iniciativas concretas, tanto a nivel de fondo como de activo participado, para asegurar la adecuada consideración de los factores ESG en nuestras actividades. Ellas incluyen, entre otras, la incorporación de miembros independientes a nuestros comités, la adopción de una política de diversidad e inclusión, de entorno organizacional favorable, la publicación de nuestro Reporte de Sostenibilidad y la incorporación formal de criterios ESG en la evaluación de desempeño del personal.
A nivel de activos, hemos promovido la adopción de códigos de conducta y ética, la formación de comités de decisión dedicados a temas ESG y el seguimiento sistemático de riesgos ESG en las entidades en las que invertimos. Destaca también la adopción de sistemas de indicadores (KPIs) para medir la huella de carbono de los proyectos invertidos, así como los niveles de salud y seguridad del personal que labora en ellos.
Para compatibilizar el logro de los niveles de rentabilidad esperados en inversiones en activos de infraestructura con un manejo adecuado de los retos ambientales, sociales y de gobierno corporativo implícitos en su desarrollo y operación, los inversionistas no solo tienen la responsabilidad de promover el apego consistente y sistemático a los principios de inversión responsable, sino que, de no hacerlo, enfrentarán dificultades para alcanzar sus objetivos de inversión.
En el futuro, a medida que se intensifique la necesidad de actuar con decisión para enfrentar el cambio climático, superar la pobreza extrema y eliminar todo tipo de desigualdades, también aumentará la presión por efectuar inversiones responsables. Aquellos inversionistas que desde ahora se posicionen para atender estas exigencias con rapidez y eficacia, seguramente verán ampliadas sus oportunidades de participar con éxito en la inversión de largo plazo en proyectos de infraestructura.