Por: Francisco Cinto, Gerente Corporativo de Supply Chain de Primax para Ecuador, Colombia y Perú
Economista de la Universidad de San Andrés, Argentina. MBA de la Universidad de Chicago. Cuenta con amplia experiencia en cadenas de suministro en multinacionales de minería y energía en África, América Latina, Estados Unidos y Europa. Actualmente es Gerente Corporativo de Supply Chain de Primax para Ecuador, Colombia y Perú. Previamente, fue Líder de Operaciones en BP para la región midwest de Estados Unidos.
La industria energética tiene un rol fundamental en la consecución de los objetivos de sostenibilidad que se han planteado recientemente diferentes gobiernos, organismos internacionales, empresas y familias.
De esta manera, las cadenas de suministro de la industria energética que quieren ser sostenibles, hoy más que nunca, tienen que alcanzar tres objetivos muy desafiantes: ser seguras, ser sustentables y ser competitivas. El riesgo es muy alto de no alcanzar los tres.
Como primera prioridad, cualquier cadena de suministro que no sea operada de forma segura, especialmente en el sector energético, dada su dimensión y naturaleza; podría representar un grave daño a las personas, invalorable frente a cualquier beneficio comercial o de sustentabilidad. No hay suficientes árboles ni dinero en el mundo que puedan compensar una vida humana perdida.
La competitividad se logra operando eficientemente en costos o generando valor. El mayor valor se consigue cuando se genera opcionalidad en cada eslabón de la cadena (quien no pueda elegir entre varios proveedores o productos difícilmente consiga beneficios en la mesa de negociación) y cuando se optimiza la cadena de manera integrada y no por silos. Un intento de ahorrar en fletes por parte de operaciones puede reducir el alcance de ventas en ciertas regiones que hubiesen traído margen mayor al ahorro, o perder un cliente mal atendido.
Dicho eso, me abocaré al desafío de sustentabilidad, que es tan particular y actual del sector energético, con foco en el downstream que comprenden las áreas de refino, suministro y logística y entrega al consumidor final.
El desafío de sustentabilidad en la cadena de suministro del sector energético que abarca el producto/combustible y la logística de suministro tiene tres palancas de acción: reducir, eliminar o compensar las emisiones de carbono que ejemplifico a continuación:
1. Reducir o eliminar las emisiones de carbono generadas por el mismo combustible, por ejemplo:
- Ganando eficiencia en el consumo galón/km: acciones en las que se han enfocado en los últimos años las automotrices produciendo vehículos más consumo-eficientes (impulsado principalmente por mandatos gubernamentales de USA y Europa) o las empresas de energía internacionales, donde se desarrolla combustibles de mayor rendimiento.
- Reduciendo la contaminación de los combustibles: como puede ser refinería invirtiendo en procesos de hidrotratamiento para reducir el azufre, a medida que los gobiernos de diversos países han reducido las partículas de azufre permitidas en el combustible.
- Migrando parcial o total a combustibles de cero emisiones: motivado por regulaciones gubernamentales que exigen cuotas de biocombustible (biodiesel y etanol, los cuales son de base vegetal o animal) o subsidiando el precio de la compra o carga de vehículos eléctricos.
2. Reducir o eliminar las emisiones en el proceso logístico, por ejemplo:
- En el transporte primario que va de refinería a terminal: La regulación IMO 2020 adoptada por casi todos los países del mundo, redujo el azufre permitido en combustibles marinos de 3.5% a 0.5%. Esto bajó notablemente el impacto de los buques que llevan, entre otras cosas, combustibles de refinerías nacionales o internacionales a las terminales de destino.
- En terminales: en el caso de Colombia existen terminales instalando paneles solares para conseguir una autogeneración eléctrica a base de renovables con beneficios fiscales otorgados por el gobierno.
- En transporte secundario: cambiando los camiones dieseleros a camiones a gas. Recientemente en Perú, un consorcio otorgó 15.000 dólares no reembolsables a quien compre una unidad de carga o transporte urbano a base de GNV.
3. Compensar las emisiones de carbono generadas en toda la cadena de suministro mediante una actividad totalmente distinta que reduzca las emisiones de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero, por ejemplo, plantar cien árboles. Los llamados bonos de carbono en Colombia, propuestos en el Protocolo de Kioto, son certificados por una entidad independiente y según la ley las empresas del rubro energético deben canalizar los recursos al desarrollo de proyectos de REDD+ (“Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques»; el símbolo + implica que en su implementación hay componentes de conservación, gestión sostenible de los bosques con participación de población local y aumento de las reservas forestales de carbono).
El espectro, y las tecnologías, es más amplio y complejo (no mencioné el hidrógeno verde) pero casi siempre existe un punto en común: los grandes avances de sustentabilidad se han conseguido por iniciativas del sector privado que han sido motivadas por el sector público, mediante una regulación clara que puso un incentivo concreto en valor (penalidad monetaria, subsidio, exención impositiva, licencia para operar, etc.) en un tiempo determinado.
La claridad e incentivo de las políticas públicas concretas y medibles son importantes porque permiten poner precio al tomar decisiones de sustentabilidad. Y en el sector privado la mayoría de los proyectos de inversión se basan en un retorno económico, que no es calculable sin un precio.
A manera ilustrativa, en Europa, las Renewable Energy Directives (RED I, II y III) establecieron límites bien específicos de biocombustibles por año – que luego cumplió en exigencia – y a nivel país se especificaron penalidades (precio) en euros por tonelada a quien no cumpliese. El precio de no cumplir permitió a las empresas invertir en el desarrollo de biocombustibles de primera o segunda generación, analizar financieramente el retorno de comprar un combustible de base vegetal (primera generación: etanol, biodiesel), producirlo ellas mismas (desarrollo agro, maquila, logística), recoger aceite de cocina usado o grasa animal y maquilarlo (segunda generación). El retorno incentivó a las empresas a desarrollar nuevas tecnologías, productos y prácticas sustentables de la forma más competitiva posible.
Colombia tiene ejemplos muy positivos de reglas claras y consistentes con precio, como los bonos de carbono. Y otros no tan positivos, como los biocombustibles, donde lejos de la normativa del 10% objetivo propuesto, el porcentaje cambia regularmente con base en criterios (como sólo producción nacional, sin considerar la producción internacional) que van en detrimento de la sustentabilidad del país. La inestabilidad de la norma impide no solo alcanzar los objetivos que se propuso, sino también desarrollar más inversiones en la cadena de suministro sustentable local o internacional a largo plazo.
Como país, la meta que Colombia estableció el 29 de diciembre de 2020, ante la Convención Marco de las Naciones Unidas, de bajar en un 51% los gases de efecto invernadero para el 2030 será difícilmente alcanzable sin la definición de un -dónde y a qué precio- que brinde claridad y apoye al sector privado, para realizar las inversiones necesarias y viables en la construcción de una cadena de suministro sustentable que los ayude a generar valor compartido, beneficioso para todos los involucrados.
Las cadenas de suministro de la industria energética que quieren ser sostenibles, hoy más que nunca, tienen que alcanzar tres objetivos muy desafiantes: ser seguras, ser sustentables y ser competitivas.