Por: Fernando Passarelli, Coordinador Ejecutivo Valor AMIA – Argentina
Licenciado en Organización y Dirección Institucional en la Universidad Nacional de San Martín, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Postgrados Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresarial (año 2015) y Gobernanza, Derechos Humanos y Cultura de Paz (año 2016) en la Universidad de Castilla-la Mancha, Ciudad de Toledo, España. Coordinador Ejecutivo de Valor, RSE + Competitividad AMIA BID Lab. Coordina el Grupo de Trabajo de Sostenibilidad en la Cadena de Valor de la Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas. Actualmente, es Profesor permanente del Programa Lead Sostenibilidad de España y del Programa RSIS Repensar la Sostenibilidad y la Inclusión Social de la Universidad Torcuato Di Tella, y Profesor Invitado del PROCARSE de la Universidad de San Andrés.
Las empresas, por grandes que sean, no están capacitadas para ocuparse de todos los procesos involucrados en la fabricación de los bienes y servicios que ofrecen a los consumidores, y deben entablar relaciones con distintos actores con los cuales desarrollan vínculos de complementariedad cuyo objetivo esencial debería ser la competitividad global del esquema de negocios. Pero también se registran numerosos casos, habitualmente concentrados en algunos rubros y con ciertas condiciones, en los que algunas empresas ejercen la externalización de costos y riesgos, solicitando a estos actores hacer aquello que ellos prefieren evitar.
Así, proveedores y subcontratistas constituyen partes interesadas esenciales de la empresa con los cuales no solo se pueden identificar oportunidades conjuntas para el desarrollo y la mejora sino también desarrollar procesos de diligencia debida con el propósito de identificar impactos y riesgos económicos, sociales y ambientales, e implementar estrategias para gestionarlos de manera conjunta. Otras partes interesadas en permanente relacionamiento con las empresas, que están empoderadas por su capacidad de incidir por causas sociales y ambientales con la apoyatura de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, están requiriendo una sustancial mejora en los procesos de transparencia y rendición de cuentas empresariales, y una validación expresa de grupos de interés que velan por cuestiones como los Derechos Humanos y los estándares laborales y ambientales, hecho que representa un gran desafío para las compañías que buscan desarrollar un negocio sostenible.
¿Podrán las empresas hacerse cargo de los costos de sus responsabilidades extendidas en su cadena de suministro y continuar con márgenes razonables de rentabilidad?
Los próximos años serán decisivos para dar algunas respuestas sobre este interrogante.
Posibles Impactos en la Cadena de Suministro
El precio es un atributo esencial en la mezcla de comercialización de toda empresa que ofrece productos y servicios. Para numerosas empresas, la compra por precio configura su principal estrategia de negocios sobre todo en países que registran índices bajos de ingresos per cápita. Los manuales de gestión empresarial y de comercialización más reconocidos y utilizados identifican al precio como un atributo con grandes debilidades, por cuanto su adopción supone la idea de una carrera sin fin con la competencia ya que a un precio bajo siempre la competencia responderá con otro menor, Por otra parte, existe una clara fragilidad en la fidelización con el consumidor, por cuanto su compra en esencia responde a encontrar al mejor postor.
Pero uno de los peores efectos de una estrategia basada en precios radica en la potencialidad de precarización de los componentes de costo para llegar a un precio determinado.
Un precio competitivo puede responder a varios factores positivos que se conjugan para ofrecer al mercado un producto o servicio determinado, pero también podría ser el reflejo de “exprimir costos” colocando condiciones de abastecimiento en los eslabones de la cadena que impliquen generar malas prácticas, abusos y hasta el incumplimiento legal en las empresas proveedoras y subcontratistas.
Proveedores y subcontratistas constituyen partes interesadas esenciales de la empresa con los cuales no solo se pueden identificar oportunidades conjuntas para el desarrollo y la mejora sino también desarrollar procesos de diligencia debida con el propósito de identificar impactos y riesgos económicos, sociales y ambientales, e implementar estrategias para gestionarlos de manera conjunta.
Precarización laboral, largas jornadas y condiciones deficientes de trabajo, deficiente calidad en insumos y componentes, mala gestión en residuos e impactos ambientales, deterioro en el vecindario, son algunas de las implicancias que pueden relevarse cuando se genera un diagnóstico exhaustivo sobre algunas cadenas de suministro de grandes empresas.
Por ello, existe un fuerte mandato en la totalidad de tendencias globales de sustentabilidad y en los públicos que se relacionan con las grandes empresas para que implementen un esquema de gestión que proactivamente identifique posibles impactos negativos en la cadena de suministro y defina estrategias de influencia y de transferencia de buenas prácticas, que ofrezcan una respuesta contundente a estos fenómenos.
El argumento de que la tercerización deslinda la responsabilidad de las grandes empresas es cada vez menos aceptado, y pueden encontrarse numerosos fallos jurídicos en los que las “responsabilidades extendidas” resultan sumamente gravosas para los grandes compradores.
Les toca a los conductores empresariales asumir el rol de influir proactivamente sobre sus proveedores y subcontratistas para que no solo se garantice el cumplimiento legal en toda la cadena, sino también para que un precio justo sea el reflejo de procesos que aseguren una trazabilidad ética en todos sus eslabones.